En gananciales, el patrimonio adquirido por cualquiera de los cónyuges durante el matrimonio se consideran de forma conjunta y se dividen equitativamente entre ambos al momento de la disolución de la unión, ya sea por fallecimiento o divorcio. Existe una excepción a esta regla y es que los bienes adquiridos por cada cónyuge antes del matrimonio, así como aquellos recibidos por donaciones o herencias, se considerarán de su propiedad exclusiva, incluso si se adquieren durante el matrimonio.

En separación de bienes no existe un patrimonio compartido entre los cónyuges. Cada parte conserva la propiedad, y administración de sus propios bienes, sin crear un conjunto de activos comunes. Por lo tanto, tanto los bienes que poseían al inicio como los adquiridos posteriormente por cualquier medio pertenecen individualmente a cada miembro de la pareja. De igual forma existen algunas excepciones a esta regla. La vivienda habitual común no puede ser vendida por uno de los cónyuges libremente sin el consentimiento del otro cónyuge.

En el régimen de participación: cada cónyuge tiene el derecho de compartir los beneficios económicos generados por el otro durante la duración del régimen.  Al igual que en la separación de bienes cada cónyuge tiene la responsabilidad de administrar, disfrutar y disponer libremente de los bienes que poseían al momento de contraer matrimonio, así como de los bienes adquiridos posteriormente. La diferencia radica en que, una vez disuelto el matrimonio, Cuando exista una diferencia positiva entre el patrimonio final e inicial de cada cónyuge, aquel cuyo patrimonio haya experimentado un menor incremento recibirá la mitad de la diferencia entre su propio incremento y el del otro cónyuge. Este régimen ha de ser pactado expresamente en la escritura de capitulaciones matrimoniales.